Genera tu contrato de alquiler de vivienda o local personalizado con inteligencia artificial. Adaptado a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) española, con todas las cláusulas necesarias para propietarios e inquilinos.
Un contrato de arrendamiento escrito es la piedra angular de cualquier relación entre propietario e inquilino. Sin él, en caso de conflicto sobre la renta, los desperfectos o el fin del contrato, ninguna de las partes tiene una base sólida para reclamar.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula los derechos y obligaciones de ambas partes. Un contrato bien redactado garantiza que esas condiciones queden claras desde el primer día: duración mínima, actualización de la renta, devolución de la fianza y mucho más.
Con Contratia puedes generar un contrato completo adaptado a la LAU en menos de dos minutos, tanto para vivienda habitual como para uso distinto (locales, temporadas, etc.).
Según la LAU vigente, si el arrendador es persona física, el inquilino tiene derecho a permanecer un mínimo de 5 años (o 7 si el arrendador es persona jurídica), aunque el contrato se firme por un plazo inferior. Pasado ese tiempo, puede prorrogarse anualmente hasta 3 años más.
La LAU establece una fianza obligatoria de una mensualidad para vivienda habitual y dos mensualidades para uso distinto al de vivienda (locales, oficinas). Además, es posible acordar garantías adicionales, aunque su importe tiene límites según la comunidad autónoma.
Por defecto, el arrendador paga el IBI, la comunidad y el seguro del continente. El inquilino paga los suministros (luz, agua, gas) y el seguro del contenido. Sin embargo, el contrato puede modificar esta distribución siempre que ambas partes estén de acuerdo y quede reflejado por escrito.
El inquilino puede desistir del contrato una vez transcurridos 6 meses, con un preaviso mínimo de 30 días. Si lo hace antes del plazo, puede estar obligado a indemnizar al arrendador. El propietario, en cambio, solo puede recuperar el inmueble antes de tiempo en los supuestos previstos en la LAU (impago, necesidad de vivienda propia, etc.).
No es obligatorio, pero sí recomendable para el inquilino, ya que le protege frente a terceros (por ejemplo, si el propietario vende el inmueble). El registro también puede ser necesario para acceder a determinadas ayudas al alquiler. Los honorarios del registro son reducidos.
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